De esta forma, la FCM apoya el manifiesto que las organizaciones feministas han difundido para llamar a la movilización para exigir al Gobierno la aprobación de los 200 millones de euros anuales recogidos en el Pacto de Estado. Además, el manifiesto recuerda que el Gobierno, a través de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, se comprometió a que hubiera recursos suficientes para implementar dicho acuerdo.

 

“Para nosotras, es fundamental estar esta tarde en la calle clamando contra los incumplimientos presupuestarios, porque sin recursos suficientes, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género no se puede llevar a la práctica y únicamente es papel mojado”, afirma la coordinadora de la FCM, Isabel Caballero.

 

Además, Caballero advierte de que sin fondos suficientes tampoco se podrán atender las necesidades específicas  de las mujeres y niñas con discapacidad víctimas de la violencia machista. “El Pacto de Estado recoge medidas positivas en este sentido. Se trata de un grupo social que sufre en mayor medida la violencia de género, y además, cuando finalmente se deciden a denunciar, se encuentran con dificultades añadidas por razón de su discapacidad, como la falta de protocolos específicos, ausencia de accesibilidad en recursos como las casas de acogida o falta de formación de profesionales”.

 

Participación activa

 

La Fundación CERMI Mujeres participó activamente durante 2017 en los grupos de trabajo puestos en marcha para confeccionar el pacto de Estado, realizando propuestas a las diversas  áreas,  aportando medidas concretas que toman en consideración la realidad que enfrentan las mujeres con discapacidad víctimas de violencia.

 

Así, el pacto ha venido a reconocer la importancia de tener en cuenta, en primer lugar, a determinadas víctimas que hasta ahora han podido tener mayores dificultades para recibir información, asistencia o atención, como por ejemplo las mujeres mayores, las mujeres con discapacidad, las mujeres pertenecientes a minorías étnicas, o las mujeres migrantes.

 

Entre otras medidas que recoge el pacto destaca la necesidad de realizar campañas publicitarias contra la violencia de género, incluyendo material accesible; la inclusión en las bases estadísticas oficiales de indicadores  por tramos de edad y discapacidad; la progresiva adaptación de los recursos de apoyo y atención, como las casas de acogida, para recibir a cualquier mujer independientemente de su discapacidad, e incrementar la visibilidad de las mujeres con discapacidad, mayores, jóvenes o inmigrantes procedentes de países con tasas elevadas de desigualdad.